Se violaron derechos de las comunidades indígenas.
Un total de 20 representantes de los pueblos indígenas presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral un incidente de ejecución respecto a la sentencia emitida en 2020 por parte del Congreso de la Unión, en la que se obliga a las entidades federativas, haya representación de estas comunidades tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos.
Al externar la petición de acatar la sentencia antes mencionada, se contempla la impugnación de la reforma impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez, la cual fue aprobada por los votos de los legisladores del PAN, PRI y MC.
Pese a que desde el 2020 todas las entidades federativas recibieron el mandato de garantizar la participación y representación de los pueblos indígenas tanto en los Congresos locales como en los ayuntamientos, Chihuahua ha hecho caso omiso, dejando de lado a estas comunidades en la actual reforma a la Ley Electoral del Estado.
Denunciaron que en la actual reforma se observa una: “flagrante violación a nuestros derechos humanos y un descaro desacato a una sentencia”, motivo por el cual igualmente presentarán esta denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde se interpondrá un recurso diferente.
De esa manera, esperan que todas los organismos antes mencionados declaren como inconstitucional la reforma aprobada por mayoría de votos la semana pasada.
La Defensoría de los Derechos Político y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense fue la que asesoró a los integrantes de los grupos indígenas para que presentaran estos incidentes de ejecución ante la Oficialía de Partes del TEE.
Es preciso detallar que el Tribunal fue quien remitió la sentencia en 2020 al Congreso del Estado a fin de que se le diera cumplimiento; empero, ya no le dio seguimiento, por lo que espera que en esta ocasión les favorezca y reconozca la omisión que sigue estando presente por parte del poder legislativo.
Es así como, en los próximos días esperan que el TEE emita la respectiva sentencia en la cual se tiene la posibilidad de solicitar al Congreso sesione de nueva cuenta a fin de modificar dicha reforma e integrar los derechos de las comunidades indígenas.
