El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó oficialmente al Instituto Nacional Electoral (INE) que deberá emitir en un plazo de cinco días, lineamientos para regular y fiscalizar las giras por el país de los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México.
La notificación del Tribunal al órgano electoral nacional fue hecha la noche de este viernes 21 de julio. Debido a que el plazo fijado fue de cinco días naturales, el Consejo General del INE tendrá hasta el próximo jueves para sesionar y emitir dichos lineamientos.
“Se vincula al Instituto Nacional Electoral para que emita los lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso controvertido y aquellos con la finalidad similar para salvaguardar la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024 conforme a las bases de esta ejecutoria”, mencionó el documento de notificación.
“Se debe ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en un plazo de cinco días naturales, emita los lineamientos que eviten que los actos que se realicen como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura vulneren la equidad de la contienda, así como que garanticen la debida fiscalización de los recursos destinados para tal efecto”, señaló.
El Tribunal Electoral estableció parámetros generales sobre los cuales el INE deberá emitir dichos lineamientos. Deberán ser aplicables a todos aquellos procesos o actividades cuya finalidad sea establecer una estrategia, posicionar o definir a las personas aspirantes a alguna precandidatura presidencial de cara al proceso electoral federal 2023-2024, con independencia de la denominación específica que se dé a estos procesos o actividades por parte de los partidos.
El TEPJF estableció que los lineamientos deberán definir los parámetros necesarios para identificar este tipo de procesos o actividades de posicionamiento, así como los protocolos y herramientas a través de los cuales sus organizadores y las personas participantes reportarán sus actividades y la autoridad electoral dará seguimiento a las mismas.
Los lineamientos que emita la autoridad electoral prohibirán a los partidos, organizaciones ciudadanas o simpatizantes, realizar actos anticipados de precampaña o campaña previstos en la ley, y conforme a los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Electoral.
“En consecuencia, todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse, incluso de oficio, y sancionarse en los términos de la ley”, precisó.
Asimismo, deberán incluir disposiciones para salvaguardar la imparcialidad y equidad en la contienda, mediante la prohibición de que se utilicen recurso públicos materiales y económicos.
“En ese sentido, cualquier procedimiento, actividad o propaganda que tenga la finalidad de posicionamiento referida, deberá sujetarse a las restricciones constitucionales en materia de acceso a las prerrogativas de radio y televisión, así como a las prohibiciones en materia de intervención de instituciones y personas servidoras públicas en las contiendas electorales mediante el uso de recursos públicos materiales y económicos con atención a la ley y la línea jurisprudencial de este tribunal”, mencionó.
Sobre el uso de las prerrogativas de acceso a radio y televisión, refirió que solamente podrán utilizarse para la difusión de mensajes genéricos y no podrán utilizarse para la sobreexposición de persona alguna.
“En consecuencia, no se podrá usar el pautado asignado a los partidos para la difusión de los procedimientos y actividades reguladas por los lineamientos, ni para el posicionamiento de las personas que participan en ellos”.
Respecto a la intervención de personas servidoras públicas y uso de recursos públicos, el Tribunal ordenó al INE establecer en los lineamientos que las personas servidoras públicas están obligadas, en todo momento, a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial, y a conducirse con respeto a la equidad en la contienda.
“Asimismo, la propaganda gubernamental debe utilizarse exclusivamente con fines informativos, educativos o de orientación social; y no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.





