De acuerdo con el documento difundido por la CIDH, a siete menes de estos hechos continúa la impunidad ya que el perpetrador no ha sido detenido y la violencia en la región “es incesante y el riesgo subsiste”.
ras los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza el 20 de junio de 2022 en la comunidad Cerocahui, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que otorgó medidas cautelares a 11 integrantes de la comunidad jesuita, tras considerar que se encuentran en una “situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente”.
De acuerdo con el documento difundido por la CIDH, a siete menes de estos hechos continúa la impunidad ya que el perpetrador no ha sido detenido y la violencia en la región “es incesante y el riesgo subsiste”.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron medidas cautelares a la CIDH.
En su resolución, la CIDH advirtió sobre la situación de violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Además, consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
En específico, la CIDH solicita al Estado mexicano a que adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias; así como aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia.
“Para ello, la CIDH llama al Estado a concertar las medidas con la participación de la comunidad jesuita y sus representantes”.
También, pide al Estado que “le informe de las acciones para investigar los homicidios de Cerocahui y con ello prevenir su repetición, entendiendo que si no hay consecuencias legales por esos eventos se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región”.
