La Auditoría Superior de la Federación advirtió que podría haber “múltiples irregularidades históricas” en el uso de recursos públicos y que este análisis permitirá conocer patrones, concentración de proveedores y prácticas ilegales.
La Auditoría Superior de la Federación(ASF) anunció este miércoles que hará una investigación de oficio a las contrataciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hicieron desde el 2000 hasta 2025.
A través de un comunicado difundido en sus redes, añadió que elaborará una auditoría integral tanto al INE como a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ante irregularidades en la adjudicación de convenios.
Este análisis se hará después de que la ASF advirtiera que podría haber “múltiples irregularidades históricas” en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con la auditoría, esta investigación buscará conocer los patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales de grupos empresariales y servidores públicos.
Cabe recordar que la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió una auditoría al INE en donde se incluya la gestión de Guadalupe Taddei y las previas.
“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos. Como bien dices, tanto en el periodo de Guadalupe Tadei como previamente”, declaró.
Sheinbaum aseguró que con esta revisión del instituto en su totalidad se buscaría “que salga a la luz todo”.
¿Qué ha encontrado la ASF?
Durante la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que fueron identificados dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos, con diversas entidades públicas entre el 2014 y el 2026.
Asimismo, detalló que de ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales”.
Hernández Palacios Cardel añadió que también tienen como línea de investigación las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en precios y condiciones en daño al erario público.
